Una coalición de nueve estados solicitó a un juez federal que elimine el programa DACA

Foto: Flickr Diane Greene Lent

Los estados demandantes argumentan que los recursos económicos que podrían destinarse para educación y la salud son utilizados para beneficiar a inmigrantes no autorizados de DACA, y justifican que este hecho viola la ley federal.

EL juez federal del distrito de Texas Andrew Hanen escuchó  los argumentos de nueve estados que demandan el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), bajo el alegato que viola la Constitución al no cumplir la autoridad del Congreso sobre las leyes de inmigración. Sin embargo, todavía no se ha emitido una decisión al respecto.

“El presidente Obama se extralimitó en su autoridad cuando su administración emitió el memorando de DACA en 2012 y nada puede cambiar eso”,  manifestó Todd Disher, abogado de la Oficina del Procurador General de Texas.

En 2012, el presidente Barack Obama impulsó la creación del programa DACA que beneficiaba a más de 650 mil inmigrantes, los comúnmente llamados “dreamers”, que fueron trasladados a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños. El amparo les daba la posibilidad de obtener trabajo legalmente y solicitar préstamos universitarios si cumplían ciertos requisitos.

A pesar de la nueva batalla legal, el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF) -que defiende a los beneficiarios-, junto a la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey solicitaron a magistrado Hanen que desestimara la demanda, ya que Obama contaba con la autoridad para instituir el DACA y el reclamo tampoco tiene legitimidad procesal.

“Este caso es un ataque a la legalidad fundamental del mismo DACA. Se busca un fallo de ilegalidad de DACA que ataría las manos de cualquier futuro gobierno”, justificó la abogada de MALDEF, Nina Perales.

No es la primera vez que la estabilidad de los beneficiarios de este programa se ve amenazada, ya que el 15 de septiembre de 2017 la administración Trump canceló su continuidad debido a que consideraba inconstitucional la iniciativa creada por el gobierno anterior.

Sin embargo, en junio de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra del presidente Donald Trump en el denominado “Caso DACA” por considerar sus intentos “arbitrarios” y evitó la deportación de miles de personas amparadas por este programa.

A mediados de noviembre, el magistrado de Nueva York Nicholas Garaufis dictaminó en junio como inválida la suspensión del DACA por parte de la Administración Trump y a principios de este mes ordenó “volver a aceptar solicitudes de renovación y permisos adelantados de ingreso”.

Aunque la decisión del juez de Texas podría marcar un punto de giro en el destino de DACA, la Corte Suprema podría pronunciarse sobre algún dictamen que ponga en juego la estabilidad de más de 650 mil personas. Además, el presidente electo, Joe Biden, prometió que durante su gobierno abriría el camino para una legislación que ofrezca ciudadanía a los inscriptos en el programa y millones de inmigrantes ilegales que hacen vida en el país.

Translate »