Se pone en marcha nuevamente el plan para liberar a prisioneros en Nueva Jersey

Foto: www.njspotlight.com

La iniciativa busca disminuir y detener las muertes por Coronavirus en aquellas personas aglomeradas tras las rejas. El debate gira en torno a las posibilidades reales de encontrar vivienda y trabajo luego sus salidas.

Se renuevan las posibilidades para la liberación de aquellos reclusos de Nueva Jersey que sufren la enfermedad de COVID.-19 y/o forman parte de los grupos de riesgo. Quien da pie a este proyecto de ley es el asambleísta Raj Mukherji, demócrata de Hudson.

Los legisladores están programados para votar sobre la propuesta el 24 de septiembre, mientras los defensores esperan que los compromisos y la nueva aprobación deberían llevarse a cabo de manera garantizada.

Cabe resaltar que dentro de este plan estará excluida cualquier persona condenada por asesinato o agresión sexual agravada, de acuerdo a lo mencionado por Mukherji, quien además se muestra con esperanzas de que este flitro podría influir en sus colegas indecisos.

Tanto Mukherji como el patrocinador del Senado presentaron recientemente una enmienda que procura el traslado de prisioneros a centros de rehabilitación. Pero las organizaciones que administran estos espacios aseguraron que los recortes presupuestarios obstaculizan su capacidad para atender las demandas actuales, más si se trata de grupos numerosos.

Como consecuencia de lo anterior, la senadora estatal Nellie Pou, demócrata de Passaic, reconoció que esas limitaciones la empujaron a lanzar la nueva ley que apoya un mayor financiamiento a los programas comunitarios. “Financiar las casas de transición siempre fue importante, pero reforzar esos programas también debería influir en los legisladores preocupados por las primeras políticas”, dijo Pou.

Otro disparador del plan actual tiene que ver con que las cárceles de Nueva Jersey contabilizan la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del país. Cerca de 3.000 presos podrían verse beneficiados por la liberación anticipada, la primera de este tipo en el país, aunque estimaciones anteriores no excluían las condenas por asesinato y agresión sexual.

La propuesta estipula que los presos que deban dos años y medio de prisión podrían ser enviados a un centro de rehabilitación (actualmente el límite es de dos años). Los funcionarios también recibirán instrucciones para dar prioridad a los reclusos afectados por la excarcelación temprana.

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