Pensilvania excede la fecha límite para utilizar todos los fondos de alquileres y alivio hipotecario de la Ley CARES

Foto: Roger Jones - Flickr

Según la Agencia de Financiamiento de Vivienda de Pensilvania, la fecha límite para cubrir los $175 millones era el 30 de noviembre, pero sólo se emplearon aproximadamente $108 millones. La negligencia afectó a gran parte de la población castigada por la pandemia, principalmente la latina.

Tras vencerse el plazo para la utilización de fondos de la Ley Cares para alquileres e hipotecas, el gobierno de Pensilvania solo utilizó aproximadamente $108 millones de $175 millones disponibles. La agencia Spotlight PA atribuye como causa las dificultades en el acceso de los programas estatales. El dinero restante se distribuirá hacia el Departamento de Correcciones del estado.

Durante el verano, Pensilvania creó dos nuevos programas de vivienda para gastar el capital que recibió bajo la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus: $150 millones para alivio del alquiler y $25 millones para ayuda hipotecaria. Miles de familias con dificultades solicitaron participar del programa, hasta una fecha límite extendida el 4 de noviembre, a raíz de los despidos, salarios perdidos y pagos de renta en mora

La demanda fue muy alta, si se tiene en cuenta que los gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro que administraban los fondos se vieron inundados de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que pedían ayuda con los exigentes procesos de solicitud.

No obstante, la fecha límite para entregar los $175 millones era el 30 de noviembre y se emplearon aproximadamente $108 millones, según la Agencia de Financiamiento de Vivienda de Pensilvania, que supervisó ambos programas y aún estaba ultimando las cifras precisas.

La legislatura votó en noviembre para redirigir los fondos restantes de la Ley CARES de estos y otros programas al Departamento de Correcciones. El dinero se destinará a gastos de nómina de empleados de seguridad pública y atención médica, o empleados similares cuyos servicios se dedican sustancialmente a mitigar o responder a la emergencia de salud pública del COVID-19.

El inconveniente afectó a gran parte de la población inmigrante e hispana, por lo que ciertos sectores se hicieron oír: “Es horrible saber que el estado hizo tan mal trabajo para ayudar a la gente”, manifestó Patty Torres, directora de organización de Make the Road Pennsylvania, un grupo de defensa de los derechos de la población latina.

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