Nueva Jersey refuerza medidas para proteger a los inquilinos de desalojos ilícitos

Foto: Erik Mclean - Unsplash

Dadas las confusiones sobre cómo deben actuar las fuerzas del orden, se capacitará a 38.000 policías para que sepan cómo proceder ante los desalojos ilegales.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó una orden ejecutiva que refuerza la moratoria de desalojo para inquilinos afectados por la pandemia. A su vez, la oficina del Fiscal General publicó nuevas pautas para que las agencias de justicia ayuden a que las personas vuelvan a sus hogares.

Cabe recordar que cientos de ciudadanos del Estado Jardín fueron desplazados ilegalmente de sus casas en el transcurso de la crisis sanitaria de Coronavirus, a pesar de la implementación de plazos de protección que permanecen en vigor hasta mediados de junio.

“La directiva describe pasos claros y fáciles de seguir para los agentes del orden. Al emitir esta medida, podemos reducir el número de desalojos ilegales en este estado“, aseguró el Fiscal General, Gurbir Grewal, durante un seminario web al que asistieron grupos de defensa y abogados. 

Después de que miles de residentes perdieron repentinamente sus empleos y no pudieron afrontar las rentas, las expulsiones por mora se detuvieron 60 días a raíz de la emergencia de salud pública. Las pérdidas de techos todavía se pueden apelar a los tribunales, pero no se están llevando a cabo juicios propietario-inquilino, excepto en casos excepcionales. 

Cuando los damnificados sufrieron bloqueos, con sus pertenencias retiradas de sus casas, llamaron a la policía, pero hubo muchas veces que las fuerzas de seguridad no estaban seguras de cómo proceder y manejar la situación, afirmaron los panelistas en el evento virtual. 

Frente a este escenario, la política actual está destinada a 38.000 oficiales del estado, a quienes se les brindará orientación acerca de los modos de actuar en circunstancias de desalojos ilegítimos. De esta forma, deberán determinar si se está produciendo un despojo ilegal y emitir advertencias a los propietarios. 

Esta medida permitirá garantizar que las personas desalojadas ilegalmente sean restablecidas inmediatamente a sus viviendas. Si se ignoran los avisos, los agentes deben acusar a los locatarios y aplicar denuncias,  lo que podría terminar en un delito catalogado como  de cuarto grado.

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