La justicia de Bolivia impuso cuatro meses de prisión preventiva a la expresidenta Áñez

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez ingresó este lunes a una penitenciaría de La Paz luego de que una jueza le impusiera cuatro meses de prisión preventiva por su supuesta participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019, acusación que ella negó y por la que el gobierno actual busca una pena de 30 años de cárcel.

Tras pasar dos días en celdas policiales, Áñez, de 53 años, entró este lunes por la mañana a la cárcel para mujeres de Obrajes, en el sur de la capital administrativa, donde será la interna 260 del penal femenino, reportó la cadena Red ATB.

También sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra; y de Energía, Rodrigo Guzmán, detenidos al igual que la exmandataria el fin de semana, fueron trasladados al penal capitalino de San Pedro en un fuerte operativo policial para cumplir también con la orden de prisión preventiva.

Los tres son acusados de la presunta comisión de los delitos de “sedición, terrorismo y conspiración”, una acusación que ha sido negada por Áñez.

“Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, tuiteó tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar de varias horas realizada mediante una plataforma tecnológica.

Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros.

La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva.

Áñez, quien siguió la audiencia desde una dependencia policial, agregó por Twitter: “Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”.

La exmandataria fue detenida el sábado mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz.

El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador recientemente electo de ese departamento.

La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA urgió en Twitter “al Estado de Bolivia a respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial”.

Explicó que emitía su posición “ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones”, realizadas desde el viernes en la noche.

Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos”, según un comunicado de su portavoz.

Estados Unidos, por su parte, expresó que “sigue con preocupación” la situación en Bolivia a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jalina Porter.

“Nuestra preocupación se suma a la expresada por líderes cívicos, políticos y religiosos de Bolivia, así como por los de la comunidad internacional”, indicó Porter.

Translate »