La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que facilita la deportación de inmigrantes indocumentados que cometieron delitos menores

Foto: Al Jazeera

El dictamen, que fue definido con cinco votos a favor y tres en contra, pone en riesgo de expulsión a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos menores y llevan años en el país en busca de un estatus migratorio legal.

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo donde establece que las personas indocumentadas que busquen cancelar una orden de deportación serán responsables de presentar la evidencia sobre su elegibilidad.

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un inmigrante indocumentado en proceso de deportación que argumente que su salida del país causaría un sufrimiento extremo a sus familiares inmediatos, podría solicitarle al juez que proceda a una cancelación administrativa del caso y le otorgue la residencia legal permanente (green card).

Sin embargo, los magistrados establecieron en la sentencia que la INA “coloca directamente la carga de la prueba en el extranjero para demostrar la elegibilidad para el alivio de la deportación”. Este cambio significa que ahora las autoridades no se encargarán de demostrar la inegibilidad del inmigrante para permanecer en el país, sino que será el indocumentado quien deba hacerlo.

La decisión afectaría especialmente a aquellos inmigrantes indocumentados que no pueden costear un abogado para su defensa, al igual que quienes tienen antecedentes por delitos menores.

El fallo surgió en torno al caso de Clemente Avelino Pereida, un ciudadano mexicano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos y ha vivido en el país durante 25 años.

En noviembre de 2009, Pereida fue acusado por el delito de suplantación de identidad en el estado de Nebraska por usar el número de Seguridad Social de otra persona para conseguir un trabajo, lo que está considerado como un delito menor.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una orden de deportación en contra de Pereida. Aunque solicitó una cancelación de esta decisión,  un juez de inmigración negó su petición al considerar que había incurrido en “bajeza moral”.

En la sentencia de la corte, el juez Neil Gorsuch citó la ley de inmigración y argumentó que “ciertos extranjeros no permanentes que buscan cancelar una orden de deportación deben demostrar que no han sido condenados por un delito descalificante”.

Por su parte, el juez Stephen Breyer estuvo en desacuerdo con la sentencia y justificó que el tribunal debería haber fallado a favor de Pereida porque fue condenado en virtud de una ley que incluye delitos graves, que entran en la categoría de delitos de vileza moral y otros menos graves.

“Los documentos relevantes en este caso no muestran que la condena anterior en cuestión fuera necesariamente por un delito que involucró depravación moral”, escribió Breyer.

A pesar de que Pereida llevaba 25 años en el país, crió a tres hijos junto a su familia y podría enfrentar posibles dificultades, finalmente la Corte Suprema falló en su contra.

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