La Corte Suprema aseguró que revisará la política migratoria de la Administración Trump

Foto: William Warby / Flickr

La decisión incluye la revisión sobre una partida de 2.5 mil millones de dólares que fueron desviados del Departamento de Defensa para la construcción del muro en la frontera con México.

La Corte Suprema de Estados Unidos evaluará a principios del año que viene la legalidad de la política migratoria del presidente Donald Trump, que obliga a miles de migrantes en busca de asilo en la frontera Sur del país a permanecer en México mientras se procesan sus audiencias judiciales.

Esta política migratoria conocida informalmente como “Permanecer en México” comenzó en enero de 2019 y, desde ese entonces, el presidente Trump defendió su implementación bajo el argumento de que la admisión de miles de solicitantes de asilo que atraviesen la frontera colapsaría el sistema de inmigración del país y afectaría las relaciones diplomáticas con México.  

De acuerdo con el Departamento de Justicia, debido a esta normativa más de 60.000 migrantes que presentaron solicitudes de asilo fueron devueltos a México y alrededor de 25.000 personas que estaban a la espera de una audiencia antes del cierre de la frontera por la pandemia en marzo permanecen a la expectativa.

Para la abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que representa a los impugnadores, Judy Rabinovitz, “los solicitantes de asilo se enfrentan a un grave peligro todos los días en que esta política ilegal y depravada entre en vigor. Los tribunales han fallado repetidamente en su contra, y la Corte Suprema también debería hacerlo”.

Un juez federal había bloqueado la regla en todo el país por considerarla ilegal, ya que iba en contra de los acuerdos establecidos en la denominada Ley de Inmigración y Nacionalidad, por enviar refugiados de regreso a los países peligrosos de donde provenían.

Sin embargo, la Corte decidió a principios de este año la continuidad de la medida mientras se determina el resultado de una demanda que ha presentado el Departamento de Justicia.

La Administración Trump dijo en abril al tribunal superior que “el programa ha sido extremadamente eficaz para reducir la presión sobre la capacidad de detención de inmigrantes de Estados Unidos y mejorar la resolución eficiente de las solicitudes de asilo”.

A pesar del punto de vista oficial, el juez de la corte de apelaciones, William Fletcher, consideró que la medida ha tenido “consecuencias adversas”, debido que los solicitantes de asilo demostraron que después de regresar a México enfrentaron discriminación, violencia sexual y física, hambre y dificultades de vivienda.

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