“La atención médica de millones está en juego en la lucha contra la Corte Suprema”, dijo el senador Casey de Pensilvania

Foto: Tw @SenBobCasey

Según el funcionario, el presidente está concentrando esfuerzos para derogar la ley conocida como Obamacare, lo que dejaría a más de 20 millones de personas sin cobertura de salud.

El senador demócrata de Pensilvania, Bob Casey, alertó sobre los esfuerzos que está realizando el presidente Trump para derogar por completo la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio.

Según detalló, el propio mandatario presentaría una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, luego de las elecciones del 3 de noviembre. Esta ley, que fue promulgada por el ex presidente Barack Obama, prohíbe a las aseguradoras rechazar a personas con enfermedades preexistentes o cobrar de más por esta condición.

Más conocida como Obamacare, esta ley permite la cobertura de unas 20 millones de personas a partir de Medicaid ampliado y parte de un seguro privado subsidiado por el Estado. Esta derogación podría dejar sin cobertura también a aquellos enfermos por Coronavirus.

“ Espero que los republicanos se unan a mí en esto, pero conozco a los demócratas y siento una obligación profunda y permanente de dejar en claro lo que está en juego y eso comienza con la salud. cuidado ”, dijo Casey a los periodistas.

Esta batalla se desató luego que el pasado viernes muriera la magistrada liberal de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, a quien Trump prometió reemplazar con un nombramiento afín al gobierno, la apuntada sería Amy Coney Barrett. Dado que los republicanos tienen la mayoría en el Senado, podría confirmarse a la nueva jueza en los próximos días.

Más allá de esos 20 millones que quedarían sin protección, el senador estimó que ese número podría elevarse a 135 millones, ya que las compañías de seguros podrían volver a instalar topes anuales y de por vida de protección.

En caso que el presidente electo en noviembre sea Joe Biden, ampliaría el marco básico de la ley de Obama y agregaría un nuevo plan de salud pública. Sin embargo, cualquiera sea el que se imponga, la decisión final recaerá nuevamente en el Congreso.

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