Jueza federal declara “inconstitucional” la política migratoria que obliga a los migrantes solicitantes de asilo a esperar en México

Foto: FACEBOOK U.S. Customs and Border Protection

El fallo surge como respuesta a una demanda presentada por la organización Al Otro Lado y 13 inmigrantes contra la práctica conocida como “metering”, que limita las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

La jueza federal del Distrito de San Diego, Cynthia Bashant, emitió un fallo contra la norma implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la frontera sur, que deniega a los inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que haya espacio para procesar las peticiones y los obliga a permanecer en su territorio.

“Los riesgos de la espera en México, a menudo durante un largo periodo de tiempo, son altos. Las pruebas presentadas demuestran que las devoluciones provocaron la muerte de los solicitantes de asilo, asaltos y desapariciones después de ser devueltos a México”, dijo Bashant en su decisión.

De acuerdo con el dictamen de la jueza, esta es una norma que viola la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, ya que está sujeta a la discrecionalidad de los agentes federales del DHS.

Asimismo, la magistrada argumentó que existe una ley federal que exige a los funcionarios el procesamiento de cualquier persona que se presente en busca de asilo, un recurso legal aprobado por el Congreso.

El fallo de la jueza Cynthia Bashant no tiene un impacto inmediato, pero podría impedir que el gobierno limite el ingreso de solicitantes de asilo bajo el argumento de que esa medida carece de recursos.

De acuerdo con la organización binacional que brinda asistencia legal gratuita y apoyo humanitario para deportados, refugiados y familias separadas, la demanda fue presentada en 2017 contra el DHS por la política que había implementado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La demanda -que lleva cuatro años en litigio- tendrá una nueva audiencia el 1 de octubre cuando ambas partes deberán presentar informes adicionales sobre el tema.

La jueza debe definir cómo quedarán las excepciones relacionadas con la política de la era Trump, conocida como Título 42, que entró en vigencia durante la pandemia y permite la expulsión inmediata de migrantes que no tengan documentos que les permitan ingresar a Estados Unidos.

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