Joe Biden y su deseo de frenar el muro con México: ¿por qué podría ser extremadamente costoso?

Foto: Joe Biden - Flickr

Si la administración entrante decide rescindir los contratos de construcción, deberá pagar los costos asociados con la limpieza, la desmovilización y la posible restauración de la tierra por razones ambientales y de seguridad. ¿Podrá Biden cumplir con su promesa?

El presidente electo, Joe Biden, se comprometió a poner fin a la construcción del emblemático muro fronterizo con México impulsado por su predecesor. Pero detener el proyecto en curso de miles de millones de dólares será un proceso arduo, complejo y potencialmente costoso.

Su administración enfrentará demandas por el financiamiento del muro, además de preguntas sobre el mantenimiento de las barreras construidas durante los últimos cuatro años y tendrá que lidiar con terrenos privados que fueron desviados para futuras construcciones. 

Hasta el momento, se han completado alrededor de 667 kilómetros de estructuras, de los cuales aproximadamente 568 están reemplazando muros o barreras viejas y en ruinas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. 

La promesa de Biden de detener la construcción ya ha provocado discusiones entre los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza sobre lo que ocurriría en ese evento, particularmente si se recortan los fondos, según un funcionario de Seguridad Nacional (DHS).

El muro fronterizo será uno de los legados duraderos del presidente Donald Trump, quien tomó medidas sin precedentes para construir barreras adicionales en la frontera suroeste, declarando una emergencia nacional para tomar dinero del Departamento de Defensa para pagar el muro, desafiando al Congreso. 

El gobierno saliente también renunció a numerosas leyes ambientales y contractuales para acelerar la construcción, por otro lado, lideró decenas de demandas en rápida sucesión para apoderarse de tierras privadas en la frontera.

Los mandatarios tienen una autoridad de larga data para rescindir contratos, pero hacerlo tiene un costo. “Los contratistas esperarán acuerdos favorables. Lo último que quiere el gobierno es tener una negociación larga, prolongada y difícil con un contratista que dice que no tiene culpa”, dijo Charles Tiefer, profesor de derecho de contratación del gobierno en la Universidad de Baltimore.

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