Informe de la ONU acusa al Gobierno de Venezuela de cometer “crímenes de lesa humanidad”

Foto: REUTERS / Manaure Quintero

El reporte del organismo internacional culpa al gobierno de Nicolás Maduro de ejecuciones extrajudiciales, detención y tortura por motivos políticos, así como violaciones relacionadas con las protestas.

Una Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), divulgó un informe donde aseguran que el Estado venezolano, que preside Nicolás Maduro, ha cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela de manera “sistemática y generalizada”.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, expresó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

El informe de 443 páginas investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos. A su vez,  examinó otras 2.891 situaciones para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, detalla el reporte.

Según la investigación, entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), operativos que tenían como objetivo combatir el crimen en zonas peligrosas, produjeron detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. De 140 operaciones investigadas, 413 personas murieron en su mayoría con disparos a quemarropa.

“Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” manifestó Valiñas.

En cuanto a la detención y tortura por motivos políticos, la misión investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que se encargan del personal militar o personas civiles asociadas, presuntamente implicadas en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro”, dijo Francisco Cox, ex director del SEBIN.

El informe detalla que las violaciones relacionadas con las protestas masivas de la oposición -especialmente en 2014, 2017 y 2019- incluyen el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego. Además, recibieron malos tratos durante la detención y simulacros de ejecución.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta”, precisa el documento.

La misión de la ONU concluyó que la Corte Penal Internacional debería emprender acciones contra funcionarios identificados y responsables de violaciones y crímenes en Venezuela. “Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar”, destacó la misión.

Asimismo, aseguran que el poder judicial de Venezuela no cumplió sus funciones y las investigaciones deben continuar para determinar hasta qué punto la influencia política ha obstaculizado el  cumplimiento de la justicia.