Grupos LGBTQ ganaron una batalla judicial clave contra Donald Trump

Foto: mathiaswasik - Flickr

La Justicia anuló una orden del presidente que impedía la capacitación en diversidad para organizaciones que reciben dinero federal. Entre las agrupaciones que presentaron la demanda está Bradbury-Sullivan, con sede en Lehigh Valley.

Un grupo de siete organizaciones LGBTQ ganaron este miércoles una batalla judicial clave contra el presidente Donald Trump, que había emitido una orden que limitaba la actividad en este sector.

El decreto del mandatario, emitido el 22 de septiembre, prohibía que contratistas y organizaciones que reciben dinero por parte del Gobierno Federal puedan contar con capacitaciones en diversidades y minorías.

De acuerdo a Trump, la prohibición se debió a que “las discusiones sobre interseccionalidad, racismo sistémico y supremacía blanca son chivos expiatorios de raza y sexo”, que solo generan “conceptos divisivos” y “mandatos anti-estadounidenses” entre las personas que reciben este tipo de capacitación.

Apenas salió la orden, un conjunto de organizaciones LGBTQ de todo el país se organizaron y presentaron ante la Justicia una demanda contra ese decreto. Entre las siete entidades se encuentra Bradbury-Sullivan, con sede en Allentown, dentro del Lehigh Valley.

“No podemos comprometer la calidad o el contenido de la capacitación que brindamos. Para nosotros, es un orgullo brindar capacitación para hacer que los lugares de trabajo sean más equitativos”, había explicado Adrian Shanker, director ejecutivo de esta organización.

Este miércoles, la Justicia se expidió sobre la presentación y le dio la razón a los grupos LGBTQ, por lo que se anuló la orden dispuesta por el presidente y las organizaciones podrán retomar sus capacitaciones.

“(La orden del presidente) es una caracterización burda del discurso que los demandantes quieren expresar. Además, constituye un insulto a su trabajo de abordar la discriminación y la injusticia para las comunidades históricamente desfavorecidas”, argumentó la jueza federal de distrito en California, Beth Labson Freema, quien estuvo a cargo de emitir el fallo.

“Que a este Gobierno no le guste este discurso es irrelevante para el análisis, pero su orden está impregnada por esos valores”, manifestó la magistrada.

Luego del fallo, diversas agrupaciones LGBTQ manifestaron su conformidad y le agradecieron a Freeman por su decisión. Una de ellas fue Avatara Smiht-Carrington, abogada y activista por los derechos LGBTQ y las personas con VIH, que elogió a la jueza por “ver esta prohibición por lo que es, o sea, un esfuerzo por anular la verdad”.

Para abordar eficazmente las disparidades raciales en nuestros sistemas legales y de atención médica, nuestros clientes deben capacitar a las personas sobre el racismo sistémico, el sexismo y los prejuicios anti-LGBTQ”, agregó.

“Esta es una victoria para la verdad, la ciencia y los servicios que se centran en las necesidades de las personas afectadas, no en lo que necesita la agenda de la Administración Trump”, completó.

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