El presidente de México rechazó un duro informe de la ONU sobre desapariciones forzadas

El presidente de México, Andrés López Obrador, rechazó el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Desapariciones Forzadas y aseguró que no hay impunidad porque su Gobierno está abierto a observaciones de cualquier organismo de Derechos Humanos.

La semana pasada, la ONU hizo una dura valoración preliminar en la que arremetió contra las autoridades por incumplir recomendaciones internacionales y sostuvo que la impunidad en torno a los casos de desapariciones es casi absoluta.

El mandatario instó al Comité «a presentar pruebas» sobre actos de impunidad en esa materia.

«En este Gobierno se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca y se evita que haya desapariciones forzadas, sí la ONU dice lo contrario tendría que presentar las pruebas», subrayó en su conferencia de prensa diaria.

A su juicio, en México «no hay nada que ocultar» y «ya no hay impunidad».

«Nosotros abrimos el país porque no tenemos nada que ocultar y pueden venir organismos de Derechos Humanos de la ONU y de cualquier organización internacional, supervisar y hacer escrutinio y nosotros estamos pendientes porque no hay ningún vínculo de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco», insistió.

«Por eso, aquí cero corrupción y cero impunidad», sentenció López Obrador, citado por medios locales y la agencia de noticias Europa Press.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas hay 95.121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido víctimas durante la misión de la comisión de la ONU en México.

Mientras, los colectivos de búsqueda denuncian que la impunidad en los casos de desaparición forzada supera el 98% y afirman que miles de denuncias no han dado origen a investigación alguna y que sólo existen 35 sentencias condenatorias por ese delito.

En su informe, el Comité lamentó que las desapariciones se registren «con casi absoluta y estructural impunidad» y llamó a las autoridades a llevar a cabo una «estrategia integral» para «abordar sus múltiples causas».

Agregó que la población ha manifestado «impotencia» ante la «inacción de algunas autoridades», a las que exhortó a atender la situación «porque se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas».

Por otra parte, consideró necesario que el país rompa el ciclo de revictimización de los familiares que ha creado.

«Desaparecen personas pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello, desaparece la esperanza de la justicia», reprochó.

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