El gobierno pone fin a la política de inmigración de «tolerancia cero»

Foto: Joe Biden - Flickr

La Administración Biden clausuró la política de inmigración de tolerancia cero que había impuesto el gobierno anterior y que había generado la separación de familias migrantes.

El fiscal general interino Monty Wilkinson puso fin a la llamada política de inmigración de tolerancia cero, que era responsable de separar a miles de familias que ingresaron ilegalmente al país.

«Estoy rescindiendo, con vigencia inmediata, la directiva de política titulada Tolerancia cero …», reveló Wilkinson en el memorando.

En 2018, el entonces fiscal general de la nación, Jeff Sessions, anunció que se había adoptado una «política de tolerancia cero» para los delitos de inmigración que requería el enjuiciamiento de todas las referencias de entrada ilegal en la frontera suroeste.

Esos delitos incluían los que podían considerarse faltas menores y no importaba si el adulto migrante estaba con el resto de su familia.

Más de 1.000 familias migrantes fueron separadas en 2017 bajo la llamada política de tolerancia cero, que la administración Biden busca cambiar.

La decisión fue el mismo día en que esa nueva política migratoria sufrió un golpe: un juez federal bloqueó la moratoria en la deportación de inmigrantes ilegales, a partir de un recurso del estado de Texas.

El mismo día de la asunción de Biden, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Pekoske, ordenó una suspensión por 100 días de las deportaciones de inmigrantes ilegales.

Pekoske dijo que la medida buscaba «garantizar» que EEUU tuviera «un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública».

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, recurrió la medida ante la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas con el apoyo del gobernador Greg Abbott, por considerarla «una amnistía».

Según Paxton, la orden, que había empezado a regir el viernes pasado, viola la Constitución, las leyes federales de inmigración, las leyes administrativas y un acuerdo contractual entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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