El gobierno federal extiende el plazo de prohibición de desalojos hasta el 30 de junio

Foto: Kevin Grieve - Unsplash

El beneficio aplica a los inquilinos solteros que ganan 99.000 dólares anuales o menos y a las parejas que ganan menos de $198.000. Deberán declarar la imposibilidad de afrontar los costos de alquiler debido a las dificultades derivadas de la pandemia.

La Administración Biden anunció este lunes la extensión hasta el 30 junio de la moratoria contra los desalojos de viviendas por falta de pago del alquiler, debido a la crisis económica derivada de la pandemia de Coronavirus. La medida llega en un contexto en el que el desempleo se mantiene por encima del 6% y los contagios por COVID-19 se encuentran en alza.

Más de diez millones de personas en el país están atrasadas ​​en los pagos de renta o de hipoteca y más de cinco millones afirman estar en riesgo de quedarse sin techo o sufrir una ejecución hipotecaria, según una encuesta elaborada por la Oficina del Censo. Frente a esto, el paquete de estímulo económico que aprobó el Congreso destina $21.500 millones en ayudas de emergencia para evitar la pérdida de residencias.

Las prohibiciones de desalojo de inquilinos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se implementaron por primera vez en septiembre. Los funcionarios de salud pública argumentaron que era necesario para ayudar a detener la propagación de la pandemia en entornos donde se pudiera juntar mucha gente, como los refugios para personas sin hogar.

No es la primera vez que el actual gobierno establece este tipo de beneficios: Biden había extendido la moratoria en enero, poco después de asumir el cargo, hasta finales de marzo. Posteriormente, retrasó hasta julio aquella que afecta a las ejecuciones hipotecarias por falta de pago, pero quedaba pendiente la que alcanzaba a los alquileres e iba a expirar esta semana. 

La ampliación del plazo se aplica a los inquilinos solteros que ganan 99.000 dólares anuales o menos y a las parejas que ganan menos de $198.000, que deben declarar que no pueden afrontar los costos de la renta debido a las dificultades relacionadas a la pandemia, en muchos casos a raíz del desempleo o la falta de oportunidades laborales.

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